Desde 2005 viene en aumento la cantidad de empleados en el sector público de Uruguay, lo que ha prendido las alarmas entre diferentes analistas que señalan las consecuencias que esto tendría sobre la economía local.
El crecimiento de la Cantidad de Empleados Públicos
Con la llegada al gobierno de Tabaré Vazquez la situación de los empleados públicos en Uruguay cambió drásticamente. En aquel entonces, la cifra rondaba los 231.270 empleados, mientras que para 2013 se ubica en 280.583, es decir, que representa un aumento del 21,32%.
El crecimiento del empleo público ha generado el 16% de la población económicamente activa trabaje para el estado, es decir que más de 3 de cada 20 uruguayos es empleado público, porcentaje que aumenta ostensiblemente en Montevideo.
Sin embargo, para juicio de muchos, esta cifra no solo es excesiva en términos de contrataciones y salarios a pagar por parte del Estado, sino que además no está respondiendo a las necesidades de la gente por un mejor servicio.
En ese sentido, hay visiones diametralmente opuestas. Mientras que para los partidarios del gobierno es una necesidad debido a la diversificación de funciones, para otros se trata de personas que en la gran mayoría de los casos no trabajan como corresponde y configuran un peso muerto que se le carga al contribuyente.
Impacto de la cantidad de Empleados Públicos en los Impuestos
Pero el aumento de empleados públicos no solo es una cuestión de mejor o pero servicio, sino del impacto que pueda llegar a tener en el bolsillo de los uruguayos ante un escenario de crisis, e incluso ser el propio detonador.
Actualmente, el pago de los salarios de los funcionarios públicos representa el 5,2% del PIB, una cifra muy elevada a juicio de varios expertos, pues consideran que no es sostenible en el largo plazo.
Los funcionarios públicos cuestan al contribuyente 2 billones y medio de dólares ( US$ 2.500.000.000 ) al año.
Este dinero, que como todo, no crece en los árboles, en general lo abonan los habitantes del país a través de tarifas de servicios públicos, como UTE y ANTEL, e impuestos, como el IRPF y el IVA.
La pérdida de flexibilidad y el aumento del riesgo financiero del estado
Así las cosas, el escenario todavía es más oscuro ante la eventualidad de una recesión o incluso una contracción económica, ya que, a diferencia de los empleados del sector privado, el sector público no tiene las condiciones de flexibilidad laboral necesaria para reducir los costos a la par de la reducción de los ingresos que acarrearía la contracción económica.
Esto dejaría a las finanzas públicas rápidamente en déficit, o en castellano criollo, «perdiendo plata», y sin una forma de resolverlo rápidamente que no implique un enfrentamiento político de proporciones, por lo que ningún gobierno se sentirá especialmente inclinado a resolverlo directamente, prefiriendo probablemente «emparchar» la situación aumentando la deuda externa o la carga impositiva, volviendo a recaer el costo sobre el contribuyente.
En resumen, el aumento de la cantidad de empleados públicos es un compromiso ingrato para Uruguay, una carga en el andar, y un mayor riesgo que asumimos sin que nadie pueda mostrar claramente un potencial provecho que justifique aumentar de esta forma gastos, que como un vicio, será difícil volver a dejar.
Fuentes: El Observador, El País.
Imagen cortesía de Phillie Casablanca (Flickr.com), licencia CC BY 2.0