Este Junio del 2013, el poder ejecutivo promulgó el decreto que reglamenta la La Ley General de Protección del Ambiente (Nº 17.283), trasladando a los emprendimientos que generen resíduos sólidos industriales, la responsabilidad por los mismos. Veamos en detalle lo que abarca esta responsabilidad.
¿Qué es un resíduo sólido industrial y qué no?
El decreto señala expresamente la regulación de la gestión de todos los residuos sólidos industriales, que a pesar de la denominación engañosa no son solamente sólidos, sino también semi-sólidos, líquidos, e incluso gaseosos. Lo que los separa de los residuos comunes es que no puedan ser absorbidos por los sistemas de saneamiento y disposición de aguas residuales.
La reglamentación prioriza el reciclado, mientras añade exclusiones y sanciones para personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
El gobierno de Uruguay obliga que se cumpla la eficacia de procesos productivos con mejores tecnologías, consumo sustentable y ambiental óptimos. A través de subsidios el decreto contribuye para que el reciclado tenga prioridad, con el fin de lograr mejores resultados ambientales con soluciones íntegras, viables y sustentables en los aspectos social, económico y climático.
Actividades comprendidas en el reglamento
Las empresas que deben cumplir con este reglamento son las que desempeñan en las áreas de manufactura, minería, almacenamiento de materiales peligrosos, industria ganadera y avícola, servicios públicos (Antel, OSE, UTE) y combustibles. También los parques industriales, puertos y aeropuertos deben seguir estas normas.
Son excluidos de la nueva norma los desechos producidos por los domicilios, los servicios de limpieza municipales, los centros de salud, obras de construcción y demolición (se plantean excepciones en algunos casos), incendios y productores de material radioactivo.
Todas las empresas tienen que medir cualquier perjuicio que produzcan los residuos sólidos industriales y consolidar la seguridad, generación de acciones, manejo interno, almacenamiento de productos y su transporte, además de la valorización, el reciclado, tratamiento y acabar con cuanto perjudique el medio ambiente.
De acuerdo con la nueva norma, las empresas son las responsables de los residuos que generan y deben contar con planes de reciclaje, tratamiento, transporte y/o disposición final de estos. El plan debe ser aprobado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente antes de ser implementado.
Las industrias involucradas disponen de un plazo entre 1 y 2 años para ajustarse a las nuevas disposiciones, referidas a la generación, recolección, transporte, almacenamiento, comercialización, tratamiento y el desecho de los residuos. Las empresas nuevas deben presentar un plan para el tratamiento de los residuos sólidos industriales que produzcan.
El gobierno de Uruguay prevé multas por infracciones que van de entre 50 y 2500 UR a 100 y 5000 UR por reiteraciones leves o graves, y entre 500 y 10.000 por incurrir en gravedad por segunda vez y subsiguiente.
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Fuentes: Decreto 182/013,