El jueves 15 de agosto del 2013, tras el allanamiento solicitado por la justicia argentina, la sucursal del Royal Bank of Canada en Uruguay anunció que cerrará sus puertas en octubre de este año. Este caso toca dos temas sensibles, la vigencia del secreto bancario y la relación Uruguay-Argentina.
Las causas del allanamiento y la respuesta del banco
El Juez Argentino Norberto Oyarbide no pudo haber ordenado directamente el allanamiento de la sede del Royal Bank of Canada en Uruguay, como se dió a entender desde algunos medios, lo que hizo en pleno derecho fué solicitarlo a la justicia uruguaya.
La solicitud fué recogida por la jueza especializada en Crimen Organizado Adriana De los Santos, y el fiscal Juan Gómez, quienes ordenaron el allanamiento del banco.
Según El Espectador, la Jueza De los Santos solicitó a Oyarbide que enviara a la brevedad personal a revisar el material incautado, y que procediendo de esta manera, podría llevarse el material a la Argentina de ser de utilidad para la causa.
Al trascender esta intención, el juzgado recibió varias advertencias, luego de lo que «hechó para atrás», pasando a comunicar al Juez Oyarbide que el material sería revisado por personal uruguayo, y se enviaría a Argentina la información recabada.
La hipótesis de Oyarbide era que los fondos para dichos pases habrían sido retirados del Royal Bank of Canada en Uruguay a tipo de cambio oficial, y luego revendidos en el mercado ilegal.
Este allanamiento habría sido la razón que gatilló la salida de Uruguay del Royal Bank of Canada, aunque según la explicación oficial que brinda la institución haga referencia a una «reestructuración regional».
Archivo de la Causa
A finales de Octubre del 2013 la causa fue anulada por la Cámara Federal que consideró a la causa una recolección de datos sin conexión con hechos potencialmente ilícitos, en lo que sugiere segundas intenciones para la recolección de esta información. Textualmente del fallo de la Cámara Federal:
«Demuestra un grave y preocupante desapego a las reglas que rigen el procedimiento penal, pues en toda su extensión omite definir cuáles serían los hechos concretos sobre los cuales versa»