Tras la aplicación del decreto 369/031 dictado durante el gobierno de José Mujica, en 2013, en el que se limitó el número de sucursales de las cadenas de farmacias a solamente 15, varios establecimientos farmacéuticos, principalmente San Roque y Farmashop, se vieron afectados. Sin embargo, esto desveló un problema de fondo dentro de las leyes uruguayas: la falta de legislación antimonopolio que habría frenado el crecimiento de empresas como las mencionadas desde mucho antes.
Hasta antes del decreto del ahora senador Mujica, las cadenas Farmashop, cuyo socio uruguayo es el empresario Martín Guerra, y San Roque, acaparaban 14% del mercado, con 94 y 25 sucursales, respectivamente. Como era de esperarse, estas empresas fueron las más afectadas, tanto así que interpusieron recursos legales para ampararse.
Farmashop contra Uruguay
En 2014 Farmashop decidió ir contra el Estado uruguayo a través del centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo que está a cargo del Banco Mundial. Sin embargo, recientemente la empresa anunció que abrirá sucursales en otros países de Latinoamérica pero no se expandirá en Uruguay, debido al decreto de 2013.
Algo que ya se pedía
Desde hacía tiempo que pequeños comerciantes del área farmacéutica se habían manifestado en contra del crecimiento excesivo de algunos competidores, lo cual los dejó débiles para competir.
Sin cambios sustanciales en el escenario
Si bien el decreto limitó el crecimiento de cadenas farmacéuticas, respetó el dominio de San Roque y Farmashop; es decir que no las obligó a deshacerse de las sucursales que ya tenían, con lo que el escenario comercial sigue siendo el mismo.
Para enfrentar esto, las pequeñas farmacias se aliaron de tal manera que pudieran comprar en conjunto y negociar con los laboratorios, mientras que los grandes comercios han podido beneficiar a sus clientes con descuentos y acceder a mejores precios.
Se calcula que en la actualidad 10% del mercado en el país se encuentra a cargo de más de mil farmacias pero ninguna de ellas importa medicamentos, sino que ese es el trabajo de los laboratorios, en contraposición a lo argumentado por el Poder Ejecutivo en 2013 acerca del temor hacia el surgimiento de presiones sobre los fármacos a importar.
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