El 30 de octubre el gobierno de Cristina Fernández dio a conocer una prohibición a los exportadores de realizar trasbordo de mercancía argentina en Uruguay. Esta medida, que estará vigente desde el 7 de noviembre, perjudica mucho al país, debido a que el 25% de mercancías que llegan al puerto de Montevideo son de origen argentino.
La medida señala que el trasbordo de mercadería argentina solamente podrá realizarse en otros puertos de ese país o en otros Estados del Mercosur (miembros o asociados) que tengan un acuerdo vigente de transporte marítimo de mercancías con el gobierno federal. Esto perjudica a Uruguay porque no cuenta con un tratado semejante con el vecino país pero beneficia en gran medida a Brasil, país con el que sí tiene este acuerdo.
Cómo la prohicibión del transbordo de mercaderías afecta a Uruguay
De acuerdo con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, la decisión argentina causaría una caída de 100.000 contenedores que se trasbordan en Montevideo y una pérdida entre los 2 y 3 millones de dólares para la ANP.
Sin embargo, para otros expertos el perjuicio de la prohibición de trasbordo de mercadería argentina podría ser mucho peor. Según el Centro de Navegación de Uruguay, esto implicaría que se dejarían de trasbordar 200.000 contenedores al año (una cifra mayor proporcionada por la ANP), lo que causaría una pérdida de más de 100 millones de dólares.
En declaraciones a El País, Juan Olascoaga, directivo de Montecon (compañía operadora de carga en el puerto de Montevideo), explicó que gracias al trasbordo de mercancía argentina en Uruguay el puerto de la capital sirve de escala en una gran cantidad de rutas de navegación. Si esta medida se lleva a cabo, entonces los operadores marítimos realizarían la escala correspondiente en Rio Grande do Sul.
¿Una medida punitiva?
A esta traba comercial, se añaden otras por las cuales hay mercancía uruguaya retenida en la aduana argentina por un valor superior a los 13 millones de dólares, según cifras proporcionadas por la Camara de Industrias de Uruguay.
El presidente José Mujica comentó que consideraba esta decisión como una represalia hacia el gobierno uruguayo por autorizar a la empresa UPM a aumentar la producción de celulosa.