La situación de la Seguridad Jurídica para hacer negocios en Argentina

Autor: Marcelo Cammisa Publicado el 17th Octubre 2013 - Última Edición: 28 Octubre, 2013

La situación de la Seguridad Jurídica para hacer negocios en ArgentinaLa calidad de las leyes, de las costumbres, del respeto por el prójimo, del respeto por los derechos, de los estadistas y de los jueces, determinan un concepto clave para un Estado: la Seguridad Jurídica. En términos prácticos, es la garantía que el Estado puede brindarle al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violados, y que si, por alguna razón, esto ocurriera, el Estado le asegurará la protección y reparación de los mismos.

El caso argentino, en los últimos seis años, está bajo la lupa de los observadores más entendidos. Muchas opiniones de peso, califican con mala nota el escenario de “certeza de derecho” que este país es capaz de ofrecer.

Independencia del poder judicial

La reforma constitucional de 1994 creó el Consejo de la Magistratura para garantizar la independencia y transparencia del Poder Judicial. Intentaba poner fin al abuso que el gobierno de turno materializaba -hasta entonces- a través de su potestad de nombrar los jueces de La Nación con acuerdo del Senado.

En 2006, a través de un proyecto de ley de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, redujo la cantidad de miembros, de 20 a 13, y le restó equilibrio a la composición del consejo, favoreciendo la representación del partido gobernante en su seno.

Sin embargo, los reveses judiciales por la Sociedad Rural Argentina y la Ley de Medios Servicios de Comunicación Audiovisual impulsaron a la ya presidente Cristina Fernández a intentar otro avance de dominio sobre el Poder Judicial: La Ley de Democratización de la Justicia, aprobada por mayoría en el Congreso, por la cual -entre otras reformas muy criticadas- los jueces argentinos pasarían a ser elegidos en elecciones abiertas por la población.

La Corte Suprema de Justicia, a través de un histórico fallo del 18 de junio de 2013, fue la que declaró “inválido” el sistema de elecciones populares para jueces, magistrados y académicos.

Uso político de las instituciones de recaudación impositiva

No muchos días después del fallo sobre la Democratización de la Justicia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigaba al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a sus hijos, y al director administrativo del tribunal supremo.

La presidente ya había pedido por cadena nacional investigar a un comerciante inmobiliario que manifestó quejas por el cepo al dólar en un diario. El acoso al actor Darín, los allanamientos de la AFIP al diario Clarín y sus periodistas son señales que atemorizan a los que no desean encontrarse con represalias políticas o persecuciones fiscales.

Competencia desleal

La petrolera española Repsol, a la que el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF, ha denunciado a la petrolera local y a su nueva socia Chevron por competencia desleal, y reclama más de 10 mil millones de dólares al gobierno argentino.

Desde la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral, la compañía de aviación chilena LAN ha sufrido todo tipo de dificultades para volar comercialmente en cielos argentinos.

La pésima prestación de los servicios aeroportuarios que requiere de una empresa argentina -proveedora única y exclusiva- fue el principio.

Este año, LAN casi fue obligada a dejar el Aeroparque Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires -principal eje de la actividad- y a abandonar el hangar de base que la misma empresa chilena se había construido para operar.

Vaya paradoja, un recurso de amparo judicial le permite seguir operando en el Aeroparque Jorge Newbery.

El caso Aranguren

El marzo de 2005, el ya fallecido presidente Néstor Kirchner convocó en un acto oficial a un “boicot” contra la petrolera Shell. Instó “no comprar más a Shell, ni una lata de aceite…”
Ocho años después, Juan José Aranguren, ingeniero y presidente de Shell, consultado por el diario La Nación sobre “el peregrinaje judicial” al que lo sometió la persecución posterior del Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, reflexionaba así sobre el caso:

“Desde 2006 o 2007 la oferta de combustibles no alcanza para satisfacer la demanda. Entonces, el secretario de Comercio Interior [Guillermo Moreno] tomó decisiones, a nuestro entender contrarias al marco legal vigente. Nos impuso 92 multas, de las cuales en 54 pidió mi prisión. A ocho años, en todos los casos fuimos beneficiados con una Justicia que falló conforme a derecho. En las 54 causas penales he sido absuelto; de las 92 multas, en 37 hubo una decisión de 1a instancia, en 29 a favor de la compañía, que fueron apeladas por Moreno. En ocho, la multa de un millón la bajaron a 10.000 pesos, en dos casos a 100.000 y en otro a 80.000. Apelamos y de las que están apeladas, en 25 casos la CSJN falló a favor de la compañía. Debo decir que hemos tenido éxito en defender nuestro derecho en la Argentina.”

Es otro caso que el gobierno argentino habría resuelto a su antojo si hubiese conseguido dominar el Poder Judicial.

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 Fuentes: La Nación; Infobae; Finanzas.com; Clarin

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